La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, diciembre 17 de 2013, a 183 años de la muerte de El Libertador.
"Quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano;
pero no tengo nada, no tengo más que un corazón para amarlos
y una espada para defenderlos" SIMÓN BOLÍVAR.
Al iniciar una nueva ronda de conversaciones queremos manifestar nuestra profunda extrañeza por la manera como el Presidente Juan Manuel Santos ha venido menospreciando la importancia del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por sus plenipotenciarios y los de las FARC-EP, el 26 de agosto de 2012.
A más de que el Procurador General de la Nación, señor Alejandro Ordóñez, con su actitud autoritaria frente a la suerte del alcalde de la Capital de la República, ha pretendido dinamitar anticipadamente el espíritu y los alcances del punto 2 sobre Participación Política, acordado en principio, y de manera parcial, la aparente complacencia del Jefe del Estado con tal decisión del anacrónico jefe del Ministerio Público, manda señales equívocas que ponen de presente los dobles discursos, en momentos en que se inicia un proceso electoral.
Sin duda causa malestar el zigzagueo de Santos frente a los más significativos e importantes temas que se discuten en La Habana, cuando de lo que se trata es de alcanzar una paz seria, estable y duradera, buscando soluciones a los problemas e injusticias que han hecho de la patria colombiana un campo de batalla. Por lo menos en nuestro caso así lo hemos entendido y tal es nuestro compromiso y nuestra meta.
El sábado, 14 diciembre, en su intervención ante la Convención Nacional del partido Cambio Radical, afirmó Santos: “Los enemigos de la paz están diciendo que allá [en la mesa de La Habana], se está negociando a nuestro Ejército, que allá se está negociando nuestro sistema político, que allá se está negociando nuestro sistema económico: mentiras, mentiras. Allá lo único que se está negociando es una transición para que esa gente deje las balas, deje las armas y las cambie por votos, por los argumentos, y ponerle fin al conflicto”.
Decimos en la antesala de la reanudación del diálogo que no nos encontramos en La Habana negociando una transición para dejar las armas a cambio de unos votos. Sesenta años de lucha armada buscando justicia social y verdadera participación política van mucho más allá del tema de esos votos.
Solicitamos del gobierno y sus voceros en la mesa, claridad y unidad de propósitos con lo firmado en el acuerdo general. Y exigimos total responsabilidad para con el país y para con su igual en La Habana, a la luz del acuerdo suscrito. Acá no estamos haciendo presencia por sentirnos vencidos. Hacemos presencia en estos diálogos porque desde la VIII Conferencia de las FARC, denominada “Comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo”, realizada en 1993, se trazó la Plataforma de Diez Puntos para la Reconstrucción y reconciliación Nacional con la que nos sentimos comprometidos. Desde entonces, el primer punto señala: Solución política al grave conflicto armado.
El grave conflicto sigue vigente y su solución política no se puede confundir, ni la vamos a confundir nosotros con una negociación que conduzca a una “transición para que esa gente (nosotros), deje las balas”.
Quizás ese mismo espíritu ligero y de afán electoral es el que ha llevado a diversos voceros del gobierno a referirse de manera pública y totalmente superficial a la temática de los cultivos declarados de uso ilícito, al consumo de drogas y sus consecuencias en la salud pública, y al fenómeno del narcotráfico en general, que son los asuntos que trata precisamente el aparte del Acuerdo General denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Las iniciativas que propagandiza y pone en práctica el gobiernosimplemente impulsan el propósito y los mecanismos de la erradicación y consolidación militar en zonas de las que, según esta visión, habría que expulsar comunidades enteras.
La difundida posición gubernamental, nunca ha presentado prospecto alguno de verdadera solución a los problemas sociales del país que subyacen en el fenómeno de los cultivos declarados ilícitos. Para el gobierno el asunto se ha limitado a desyerbar, envenenar y barrer unas zonas empobrecidas y abandonadas, aludiendo a falaces planes “alternativos” para las comunidades rurales, lo cual sólo sirve para alistar el despojo legal de la tierra que prepara el bloque de poder dominante. En el fondo de la cuestión lo que existe es un marcado propósito de dominio territorial y el inhumano afán de quitar del medio a las comunidades rurales.
Del negocio del narcotráfico no se dice nada. Mucho menos se muestra preocupación por la demanda de la droga y por los grandes sitios de consumo localizados más allá de las fronteras patrias. Como si el negocio naciera en Colombia y muriera en Colombia, y sus ganancias se redujeran a lo que perciben los estratos pobres, que son los menos favorecidos. Entre tanto, el gran lavado de activos y la criminalidad financiera con todas sus secuelas en lo nacional e internacional son intocables.
No es correcto, como se pretende desde algunas instancias de la institucionalidad, supeditar y condicionar los planes de desarrollo y las medidas de reforma rural y agraria, a acciones de erradicación o de consolidación territorial contrainsurgente, dictadas desde Washington para abrirle paso a las trasnacionales. Esto equivale a retroceder respecto a los pocos avances logrados en el primer punto y hasta los avances del segundo punto quedan aplastados con este tipo de iniciativas gubernamentales en marcha.
Las FARC-EP reiteran su posición de hace 20 años, en cuanto a que: “LaSolución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, debe entenderse ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”.
En este sentido, desde nuestra Delegación invitamos a leer y analizar con detenimiento los desarrollos que irá teniendo nuestra propuesta titulada Política anti-drogas para la soberanía, y el buen vivir de los pobres del campo (diez propuestas mínimas).
Quede claro que la mesa de conversaciones no se puede convertir en instrumento de propaganda electoral para nadie. En La Habana y en nuestra patria colombiana, lo que viene teniendo lugar es lo que la historia y los estudiosos de la historia y el derecho social denominan un proceso constituyente. Sí; estamos en un proceso de tal naturaleza, estudiando cientos de documentos e iniciativas enviadas desde todos los rincones de la patria por los más variados grupos de opinión, intelectuales, académicos y ciudadanos del común. Estamos construyendo futuro. Hoy, además, nos encontramos contagiados, al igual que millones de compatriotas, de ese grito de protesta salido de millares de trabajadores agrarios y de atropellados ciudadanos del Catatumbo y del suroccidente, en cuyas recientes marchas de indignación el Estado desbocó, a través de la fuerza brutal del ESMAD, lo que para la oligarquía es democracia y participación ciudadana, asesinando y mutilando de manera terrible a decenas de compatriotas.
Finalmente debemos decir que de nuestras gargantas también sale el grito colectivo y nacional que va más allá de un no a una aberrante destitución del alcalde capitalino, porque se trata del grito que expresa el resurgimiento del espíritu de un proceso constituyente en el que deberá sentirse a plenitud el protagonismo del soberano que es el pueblo.
DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP
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