Política anti-drogas para la soberanía
y el buen vivir de los pobres del campo
DIEZ PROPUESTAS MÍNIMAS
1. POLÍTICA ANTI-DROGAS INTEGRAL, SOBERANA, DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA, ORIENTADA A LOS POBRES DEL CAMPO Y A LOS CONSUMIDORES.
En atención al fracaso de la llamada guerra contra las drogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos, se diseñará e implementará una política anti-drogas de carácter integral, que considere todas las fases del proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo) de drogas ilícitas. Dicha política deberá atender los principios de soberanía y autodeterminación y de rechazo a toda forma de intervención imperialista extranjera; pondrá encima la defensa de los intereses nacionales; deberá ser construida en forma democrática y participativa, es decir, se fundamentará en la más amplia participación del conjunto de fuerzas políticas y sociales de la Nación y se acompañará de los aportes brindados por la comunidad académica y científica. De manera especial, se enfocará en la defensa de los eslabones más débiles de la cadena, los pobres del campo y los consumidores de drogas ilícitas, hasta ahora perseguidos, estigmatizados y criminalizados.
2. CONDICIONES ESTRUCTURALES PARA LA SUPERACIÓN DE LOS USOS ILÍCITOS DE LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA
En consideración a que las causas fundamentales de la aparición y la expansión de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana son de carácter socioeconómico y se encuentran en la pobreza y miseria de los desposeídos, expropiados y desplazados del campo, de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, la condición estructural necesaria para su superación radica en la realización de una reforma rural y agraria integral, socio-ambiental, democrática y participativa, que supere el latifundio improductivo y los usos extractivos minero-energéticos que favorecen la gran minería transnacional y la producción de agro-combustibles, y redistribuya y posibilite el acceso a la propiedad sobre la tierra de los campesinos, en condiciones de sostenibilidad económica y socio-ambiental para su buen vivir, y para contribuir a garantizar la soberanía alimentaria. De manera especial, se requiere el respeto y el reconocimiento de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes y de su derecho al pleno disfrute de éstos. Las Zonas de Reserva Campesina constituyen un pilar de la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos, razón por la cual deben tener una protección constitucional y legal. Los derechos humanos prevalecerán sobre la política anti-drogas. En todo caso, ésta tendrá una perspectiva de género y enfoques diferenciales.
3. RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO A LOS USOS NUTRICIONALES, MEDICINALES, TERAPÉUTICOS, ARTESANALES, INDUSTRIALES Y CULTURALES DE LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA
Teniendo en cuenta que la hoja de coca posee usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales industriales y culturales, y que la marihuana y la amapola poseen algunos de ellos, todos demostrados científicamente, se adoptará una política de reconocimiento y estímulo a esos cultivos por parte del Estado cuando sean destinados para dichos fines. Ello implica estrictas regulaciones y controles estatales sobre la producción y el mercado, incluida la definición de zonas de producción, la fijación de precios de sustentación y condiciones socio-ambientales. De manera especial, se protegerán y aprehenderán las prácticas ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas. Los recursos necesarios serán dispuestos por el Estado.
4. SUSTITUCIÓN DE LOS USOS ILÍCITOS DE LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA Y PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO
En casos a definir y concertar con las respectivas comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, se emprenderá la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola a través del diseño e implementación de programas de desarrollo alternativo. Dichos programas deberán contar con el apoyo y la financiación estatal, para lo cual se conformará un fondo especial; atenderán la requerida sostenibilidad socio-ambiental; y garantizarán la correspondiente rentabilidad económica y financiera. Asimismo, estarán sometidos a una permanente revisión y evaluación de los compromisos contraídos por el Estado a través de una Comisión de seguimiento y monitoreo, que contará con la participación activa y decisoria de las comunidades involucradas. Las FARC-EP reafirman el compromiso de apoyo a dichos programas, expresado en su momento en San Vicente del Caguán, por nuestro Comandante Manuel Marulanda Vélez.
5. SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ASPERSIONES AÉREAS CON GLIFOSATO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE SUS VÍCTIMAS
Como un gesto para la construcción de una paz estable y duradera, y en atención a los daños que se generan sobre la vida, la salud, el medio ambiente, la economía, el trabajo y la soberanía alimentaria, incluidos los niños y las mujeres embarazadas, al desplazamiento forzado y la destrucción de comunidades que provocan, se procederá a la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato. De igual forma se iniciará un programa de reparación integral (individual y colectiva) de las víctimas de dichas fumigaciones a lo largo de las últimas décadas, las cuales deberán ser identificadas mediante censo especial. Para tal efecto, se tomarán como referente inicial las condiciones de reparación pactadas por el Estado colombiano con la hermana República de Ecuador por las aspersiones realizadas que afectaron parte del territorio y de los habitantes de ese país. La reparación integral compromete a los agentes causantes de los daños: el Estado colombiano, el Estado de los Estados Unidos que ha cofinanciado dicha política, y las empresas transnacionales productoras del agente químico glifosato.
6. DESMILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA ANTI-DROGAS, NO INTERVENCIONISMO IMPERIALISTA Y DESCRIMINALIZACIÓN DE LOS POBRES DEL CAMPO.
Se procederá a la desmilitarización de la política antidrogas y al rechazo del intervencionismo imperialista estadounidense en ella, lo cual supone sustraerla de la política contrainsurgente basada en la doctrina de la “seguridad nacional”. Ello implica desligarla de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Nuestra América, así como la sustitución de los llamados Planes de Consolidación, que someten a la ocupación militar a los territorios campesinos, indígenas y afro-descendientes, por Planes Territoriales de construcción de paz. De igual manera, conlleva la no persecución, la no estigmatización y la descriminalización de los pobres del campo, de sus organizaciones y de sus líderes; es decir, una revisión y redefinición a fondo de la actual política criminal del Estado.
7. TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS SICOACTIVAS COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y DESCRIMINALIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
El consumo de drogas sicoactivas será tratado como un problema de salud pública en atención a que es un fenómeno de carácter multicausal, generado por las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales propias de la sociedad capitalista, y relacionado con la pobreza, el desempleo, la falta de acceso al sistema educativo, la exclusión social, y la carencia de perspectivas de vida inherentes a dicha sociedad. La responsabilidad principal para enfrentarlo recae sobre el Estado, que debe comprometerse con políticas de prevención del consumo, de tratamiento terapéutico a los consumidores, y de solución de las causas estructurales que lo originan. Las políticas a diseñar en este campo deben ser construidas en forma democrática y participativa, involucrando a instituciones especializadas y a los consumidores directamente afectados; así mismo requieren el alistamiento del sistema de seguridad social y la disposición correspondiente de recursos. De manera especial, es necesaria la superación de las políticas prohibicionistas y la consideración de la regulación estatal del consumo, incluida la legalización. Deben proscribirse las prácticas de estigmatización, persecución y criminalización de los consumidores, para lo cual se hace indispensable una revisión y redefinición de la política criminal del Estado.
8. POLÍTICA ANTI-DROGAS CENTRADA EN EL DESMONTE DE LAS ESTRUCTURAS NARCO-PARAMILITARES, CRIMINALES Y MAFIOSAS ENTRONIZADAS EN EL ESTADO.
La política anti-drogas debe centrarse en el desmonte de las estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado. Ello supone la identificación de sus dispositivos y relaciones de poder territorial y la depuración de todos los poderes del Estado, incluidas las fuerzas militares y de policía, considerando los demostrados niveles de corrupción e infiltración del narcotráfico, muchos de conocimiento público. Igualmente conlleva el reconocimiento de que los capitales y los poderes mafiosos del narcotráfico han permeado el sistema político y de partidos, las campañas presidenciales, las elecciones parlamentarias, hasta conformar una “narco-democracia”; han servido de soporte de estrategias contrainsurgentes terroristas de Estado, de carácter paramilitar; y conformado un gran poder de control territorial, a través del cual se han alistado territorios para promover nuevos y lucrativos negocios con la tierra y los recursos naturales, y se ha accedido a los recursos públicos.
9. POLÍTICA ANTI-DROGAS CENTRADA EN LA PERSECUCIÓN A LOS CAPITALES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO ECONÓMICO DEL NARCOTRÁFICO
La política anti-drogas debe concentrarse en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico, así como en el conjunto de sus principales beneficiarios. Además de los propios narcotraficantes, se trata de los proveedores transnacionales de los insumos químicos para la producción de drogas ilícitas, de las empresas transnacionales productoras de material bélico que han armado los grupos narco-paramilitares, de empresarios capitalistas legales de la producción, la construcción y los servicios, que en la afanosa búsqueda de mayores rentabilidades han establecido “alianzas empresariales”, de expertos lavadores de dinero en instituciones financieras y en los mercados de capitales. La misma política económica neoliberal del Estado se ha beneficiado, pues el blanqueo de dinero contribuye a la estabilidad macroeconómica. En razón de lo anterior, se hace necesario la conformación de una Comisión de la verdad que establezca quiénes se enriquecieron, facilitaron y promovieron el negocio del narcotráfico en todos los niveles. De igual manera, resulta imprescindible, una revisión de las políticas neoliberales de desregulación financiera, incluido el restablecimiento del monopolio estatal sobre la compra y venta de divisas y de los controles estatales a los flujos de capital.
10. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS DEL CAPITALISMO CENTRAL, COMPROMISOS REGIONALES Y REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA ANTI-DROGAS DE CARÁCTER GLOBAL.
Considerando el proceso de globalización capitalista, no hay posibilidad para una política anti-drogas que se circunscriba al ámbito nacional estatal. La política anti-drogas debe involucrar a los países del capitalismo central, en especial a Estados Unidos y Europa. Sin su compromiso y responsabilidad para contribuir a la reducción de la demanda, enfrentar los problemas del consumo y combatir el blanqueo de dinero en sus respectivos países, no hay lugar para una solución real y efectiva al problema de las drogas ilícitas. Si las políticas aquí propuestas tuvieran la opción de adelantarse de manera exitosa, el negocio se trasladaría con fuerza a nuestros países hermanos, como de hecho ya ha venido ocurriendo. Por ello, la política anti-drogas requiere asumir compromisos regionales, entre otras cosas para que los argumentos de la “guerra contra las drogas” no sean esgrimidos contra los procesos de cambio político que se viven en Nuestra América. En ese sentido, se hace necesaria la realización de una Conferencia internacional que involucre a los principales países productores y consumidores, así como a aquellos que cumplen una función de circulación en esta empresa capitalista transnacional de carácter criminal, de la cual deben salir compromisos concretos de los involucrados, con el fin de contribuir a la solución del problema de las drogas ilícitas en nuestro país.
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