Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa,
orientada a los pobres del campo y a los consumidores
En desarrollo de los lineamientos generales de la “Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”, las FARC-EP presentan un conjunto de propuestas correspondiente a la “Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores”.
1. POLÍTICA ANTIDROGAS DE CARÁCTER INTEGRAL Y DIFERENCIADO
El diseño y la implementación de la política antidrogas será de carácter integral y diferenciado. Ello implica la superación de enfoques reduccionistas que tienden a privilegiar políticas centradas en la interdicción y la criminalización de los eslabones más débiles del proceso de producción, es decir, los campesinos productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y los consumidores de drogas ilícitas. La situación de los campesinos productores será tratada como problemática social; la de los consumidores como problema de salud pública. Considerando que los análisis de impacto económico demuestran que las rentabilidades extraordinarias se encuentran en las fases de la circulación, la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los circuitos legales de la economía a través del lavado de activos, la política antidrogas privilegiará acciones y medidas orientadas a su persecución y desarticulación. La política criminal del Estado se encauzará en esa exclusiva dirección.
2. POLÍTICA ANTIDROGAS SOBERANA
En atención al fracaso de la política antidrogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos, a sus negativos efectos sociales y ambientales, a su incidencia sobre la prolongación del conflicto social y armado, entre otros, se diseñará e implementará una políticas antidrogas que contemple los principios de soberanía y autodeterminación. Ello compromete diseños en consonancia con la especificidad y la naturaleza socioeconómica del problema tal y como se presenta en el territorio nacional, incluido el reconocimiento de la capacidad de administración de justicia en la jurisdicción nacional.
3. POLÍTICA ANTIDROGAS DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA
En la medida en que la política antidrogas impacta sobre el conjunto de la sociedad, su diseño e implementación debe ser democrático y participativo, e involucrar a representantes del conjunto de fuerzas políticas y sociales de la Nación que se ocupen de la problemática. De manera especial, debe incluir a representantes de productores de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a los consumidores organizados, así como a instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas. Se conformará un “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”.
4. APORTES DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA, CIENTÍFICA E INTERNACIONAL
El diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa deberá apoyarse en los aportes de las comunidad académica y científica nacional e internacional. Para tal efecto, se conformará una “Misión de expertos” encargada de producir lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta por la “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”. De manera especial, se invitará a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)para que presente sus aportes y experiencias y asesore en el diseño de políticas contra el tráfico de drogas ilícitas y, en particular, contra el lavado de activos.
5. PROTECCIONES ESPECIALES A LOS PRODUCTORES DE HOJA DE COCA Y CONSUMIDORES DE DROGAS ILÍCITAS
Teniendo en cuenta que los productores de hoja de coca y los consumidores de drogas ilícitas, antes que beneficiarios, son víctimas de la empresa capitalista transnacional del narcotráfico, la política antidrogas contemplará un capítulo de protecciones especiales. Las protecciones especiales se refieren al conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales, y jurídicas,así como a los diseños institucionales, que deben ser provistos por el Estado a fin de garantizar que productores y consumidores no sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados, sino más bien se constituyan en sujetos de política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso.
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