
          Commandante Iván Márquez Delegación de Paz FARC-EP
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       La            Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz,            octubre 8 de 2013
Hace un par de días, presentamos al          país algunas          reflexiones a propósito de las opiniones emitidas por el Fiscal          General de la          Nación, Eduardo Montealegre, sobre decisiones de la Corte          Constitucional en          torno a los considerados “máximos responsables” del conflicto          interno          colombiano.
Ahora se presenta el caso en que          vuelve a jugar el          tema del señor General Freddy Padilla de León (embajador de          Colombia en Austria          luego de ocupar los más altos cargos militares durante los          gobiernos de Álvaro          UribeVélez), a quien el Centro Europeo de la Constitucionalidad          y Derechos          Humanos ha acusado ante la Corte Penal Internacional por          ejecuciones          extrajudiciales, “falsos positivos”, y graves violaciones a los          derechos          humanos, todas ellas consideradas como crímenes de lesa          humanidad y crímenes de          guerra.
Es la inoperancia  y el descrédito          de la          justicia Colombiana lo que genera esta situación, a la que se le          suman todas          las desconfianzas que suscita la imposición de un instrumento de          impunidad,          como es el fuero militar.
Decíamos que para el logro de la paz          en Colombia es          imperativo hacer prevalecer la soberanía jurídica sobre la          inadmisible          injerencia de jurisdicciones internacionales.
Desde las FARC se piensa que la          seguridad jurídica          de los eventuales acuerdos para la terminación del conflicto, es          una necesidad,          y ella debe ser producto de esa soberanía jurídica. Pero tal          circunstancia solo          puede darse haciendo un saneamiento a fondo del sistema judicial          colombiano,  construyendo una trancisionalidad que mane del          acuerdo de las          partesy restableciendo toda la verdad histórica, lo cual          solamente será logrado          por la fuerza de un verdadero tratado de paz, si se refrenda con          el poder          creador del constituyente primario. Deberá entenderse que más          allá de los          militares que participaron y participan directamente en la          guerra, son las          élites en el poder las máximas responsables de la violencia y el          desangre          nacional. 
          Aunque nuestras palabras han sido diáfanas respecto a esta          temática, el          Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, desde el taller          internacional sobre          Derecho Internacional Humanitario que se desarrolla en          Cartagena, nuevamente          arremete contra las FARC acusándonos de urdir con el Centro          Europeo de          Constitucionalidad y Derechos humanos, las acusaciones que pesan          contra el General          Padilla de León.
          Se equivoca nuevamente el ministro de la guerra.
Pinzón es un obstinado francotirador          disparando          contra la santabárbara, buscando siempre hacer estallar en          pedazos los diálogos          de La Habana. Al tiempo que dispara contra el proceso de paz,          negándonos la          condición de opositor político que ha sido reconocida por el          hecho mismo de          haberse entablado las conversaciones entre partes iguales,          vuelve a la manida          práctica de estigmatizar a quienes asuman posiciones de          cuestionamiento a los          desafueros del poder.
Lo que ocurre con la mencionada          organización          defensora de derechos humanos, es lo que cotidianamente se da          contra          personalidades y organizaciones del orden nacional, que luego          son perseguidas,          criminalizadas, encarceladas, y hasta eliminadas.
Nos da la impresión que el ministro          de marras no          está hablando en la línea discursiva del gobierno, sino          subordinado a la línea          anti-paz del enemigo público número uno de la solución política,          el ex          presidente Álvaro Uribe Vélez.
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