"¿Quién vigila a los propios vigilantes?"
Juvenal, Sátiras, Libro VI.
Una característica de los regímenes neoliberales, es la de conceder poderes casi omnímodos a una sola persona, lo cual niega la democracia.
El Ministerio Público no había registrado una figura tan reaccionaria en representación de los intereses de la sociedad frente al Estado como la del señor Alejandro Ordoñez, actual Procurador General de la Nación, que contrario a sus funciones constitucionales, ha montado una suerte de tiranía de la inquisición.
El Procurador Ordóñez, con el correr del tiempo, se ha convertido en un intransigente Torquemada, perseguidor de los derechos ciudadanos y de las libertades políticas en Colombia.
¿Pero, cuál es la herejía que rastrea y persigue con inquina este Tomás de Torquemada surgido de la antidemocracia?
La lucha por la paz, cualquier asomo de pensamiento que no comulgue con su evangelio retardatario y neoliberal, el libre desarrollo de la personalidad, o quien no coincida con sus prejuicios de extrema derecha, como la homofobia, y la herejía política de quienes se levanten contra la injusticia.
Conocido por su anticomunismo y su intransigencia, lo nombró la élite gobernante para que ayude a neutralizar opositores incómodos.
Fungiendo como un falso sacerdote de la moral pública, se opone al aborto, a los matrimonios entre parejas del mismo sexo y a todo lo que contravenga sus caprichos, pero en cambio sí se otorga así mismo la facultad de enviar invitaciones personales a individuos al margen de la ley, como a la senadora Zucardi, acusada de tener vínculos con paramilitares, y a su esposo, Juan José García Romero, condenado por el robo descarado y continuado de dineros públicos. Es un procurador corrupto con aires mesiánicos.
Su nombre, es sinónimo del retorno a la política de pasillo, a la componenda y al conciliábulo, una costumbre funesta que algunos suponían erradicada hace años del escenario político colombiano.
Con Ordóñez se reanima la herencia de Tradición, Familia y Propiedad y de sus oscuros grupos de choque. Desde temprana edad ha estado vinculado con la extrema derecha más cavernaria y su nombre se relaciona con la quema de libros, la censura de autores y rituales sombríos.
La sola mención de este inquisidor Procurador, genera temor en todas las oficinas de las corporaciones públicas. A pesar que su designación fue producto de las recurrentes componendas politiqueras que caracterizan a los partidos, su poder sigue sin control y es superior al de cualquiera de los funcionarios de elección popular.
Nadie ronda a este siniestro personaje; nadie tiene control sobre sus arbitrariedades.
Su elección y reelección, ambas ilegítimas y derivadas de sobornos y componendas de baja estofa, lo han convertido en el depositario de un poder ilimitado, que utiliza descaradamente contra sus opositores.
¿Hasta cuándo tanto abuso, tanto ejercicio de la arbitrariedad cobijado por la corrupción y la impunidad? ¿Hasta cuándo tanta ojeriza y persecución contra personalidades democráticas como Piedad Córdoba y el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro?
A la ex senadora Piedad Córdoba no le perdona su compromiso con la paz democrática, con los derechos humanos y con el pueblo.
Para la mente reaccionaria de Ordoñez es impensable que una mujer, y además negra, se dedique a la defensa de las comunidades y se atreva a cuestionar al régimen.
Ahora la ha emprendido con el alcalde Petro.
Con Gustavo Petro mantenemos políticamente algunas distancias. Pero a Petro, un alcalde independiente, no inscrito en el bipartidismo y elegido por voto popular, no le perdona Ordoñez su compromiso con la defensa de lo público, ni su visión incluyente de ciudad. De ahí su pretensión de destituirlo.
Decimos esto para llamar la atención respecto a que, en nada contribuye a la construcción de la democracia en Colombia, la permanencia de un sujeto como Ordóñez en un cargo, que, si por algo ha de velar, es por los derechos de la población en general.
Es mal precedente para la paz de Colombia que con el látigo de la inquisición se persiga, por un lado a una mujer que abiertamente está entregada a la reconciliación nacional, y por otro lado, se busque el derrumbe de una alcaldía, que no solamente fue elegida democráticamente, sino que el establecimiento ha mostrado como ejemplo de que sí es posible hacer política sin armas.
La Delegación de Paz de las FARC-EP rechaza esta vulgar desfiguración del Ministerio Público. Es inadmisible, que mediante el abuso del poder, se destituya a funcionarios elegidos popularmente y se mantenga con ello, en contravía del interés nacional, un obstáculo a la aspiración de alcanzar una democracia plena.
La existencia de este tipo de poder, es una afrenta a la auténtica democracia y una negación categórica de los derechos civiles y políticos.
En un país como Colombia, que aspira a la paz con justicia social, a la soberanía, y al tránsito hacia una democracia verdadera, el Procurador tiene que ser un librepensador y no un inquisidor.
Colombia está en mora de someter este tipo de cargos, o los de control en general, al ejercicio de la elección popular.
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