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El día 21 de diciembre de 2013 el diario Washington Post publicó un informe acerca de la más reciente acción encubierta de la CIA, la NSA y el Pentágono, es decir, de los Estados Unidos de América, en el conflicto armado interno colombiano, la cual envuelve decisiones y autorizaciones de por lo menos los tres últimos gobiernos de ese país.
Interesante revelación, que pone de presente ante los ojos de muchos incrédulos, cómo los intereses representados por los gobiernos de Estados Unidos son uno de los principales detonantes y animadores de la larga guerra que soportamos los colombianos. Estudios más ambiciosos podrían fácilmente comprobar que lo mismo ha ocurrido desde los tiempos de la Operación Marquetalia, en 1964, algo que se reconoce públicamente en Colombia, pero que a la hora de examinar la naturaleza del conflicto se evade con irresponsabilidad asombrosa.
Según el informe, el programa de acción encubierta ha ayudado al Ejército colombiano a matar al menos a dos docenas de líderes rebeldes, de acuerdo con entrevistas realizadas a más de 30 funcionarios retirados y en ejercicio de Estados Unidos y de Colombia, al tiempo que ha envuelto operaciones de espionaje electrónico y escuchas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, operaciones todas financiadas con un presupuesto secreto de miles de millones de dólares, distintos a los nueve mil millones de ayuda contemplados en el Plan Colombia.
Mientras el Presidente Santos, de acuerdo con el mismo informe, trató de restar importancia al tema al ser entrevistado al respecto por el diario norteamericano, su ministro Pinzón no tuvo el menor reparo en salir a los medios a reconocerlo y endulzarlo como parte de los tradicionales acuerdos militares entre los dos países. Está claro que ninguno de los dos siente el menor aprecio por la soberanía colombiana, puesto que sobre su ánimo pesan más las imposiciones gringas en materia de drogas y terrorismo que cualquier consideración de tipo nacional. De los generales y almirantes colombianos ni hablar, sus rodillas están encallecidas por causa de tan prolongado arrodillamiento.
No es que no se supiera o no se tuviera idea de ello, pero algo queda más claro con el informe del periódico estadounidense. Por ejemplo, que tiene toda razón el columnista Oscar Collazos cuando sugiere que la mayor contradicción que anima el debate entre los últimos presidentes colombianos, estriba en demostrar cuál de ellos se ha encargado de matar a un número más alto de sus compatriotas. Debate que además es reproducido con evidente interés por los medios colombianos, siempre tan proclives a publicitar y engrandecer lo que tan nefandos personajes llaman crímenes de las guerrillas. O que se pueda ahora parodiar a la senadora Piedad Córdoba cuando afirmó que Colombia era una inmensa fosa común, diciendo que con el consentimiento de los últimos gobiernos,Colombia es víctima de la más descarada e impune de las chuzadas por cuenta de los servicios de inteligencia de una potencia extranjera.
Del mismo modo, el citado informe incluye revelaciones que producen escalofríos. Al reseñar que según el Presidente Santos “parte de la experiencia y de la eficiencia de nuestras operaciones y nuestras operaciones especiales han sido el producto de un mejor entrenamiento y conocimiento que hemos adquirido de muchos países, entre ellos los Estados Unidos”, avala lo que el informe precisa en torno al traslado de la experiencia norteamericana en Afganistán y el combate a Al Qaeda al conflicto colombiano, es decir los procedimientos de inteligencia que incluyen los sobornos, las capturas ilegales, los desaparecimientos, las torturas y las presiones ilegales contra personas de quienes se espera conseguir información.
De donde se desprende que la actual degradación de los métodos empleados por las fuerzas militares, policiales y de seguridad colombianas tienen origen en la instrucción y asesoría brindada por los norteamericanos. El gobierno de Juan Manuel Santos es conocedor de los secuestros, chantajes, amenazas de muerte y atentados empleados por la inteligencia colombiana en su afán por conseguir, mediante las familias de los mandos y combatientes guerrilleros, la ubicación de estos con el objetivo de asesinarlos, métodos de los que no se han escapado ni siquiera los familiares de los integrantes por parte de las FARC-EP en la Mesa de La Habana.Como conoce bien, por sus tiempos como ministro de defensa de Álvaro Uribe, la verdadera trama de la inteligencia militar que condujo al espantoso asesinato y mutilación del camarada Iván Ríos.
Tampoco pueden escapar al análisis del informe, las interpretaciones unilaterales e interesadas de las leyes internacionales por parte de los sucesivos gobiernos estadounidenses, actitud ante la cual la dirigencia colombiana se inclina de manera sumisa. Bastó con que el señor Reagan autorizara las intervenciones militares de su país en cualquier nación bajo la excusa del combate al narcotráfico, o que el señor Clinton las autorizara para garantizar a su país control de los recursos estratégicos ubicados en cualquier lugar del mundo, o que el señor Bush obrara de igual manera con el pretexto de prevenir lo que su gobierno calificara de amenaza terrorista, para que las nociones de independencia, soberanía y auto determinación delos pueblos pasaran al museo de la historia, al lado de los cadáveres de los derechos fundamentales de la persona humana.
Sólo tan descarado reinado de la arbitrariedad nacida de la fuerza bruta permite explicar, como lo corrobora el informe, la agresión de las fuerzas militares colombianas contra la soberanía del Ecuador el 1 de marzo de 2008, así como los sucesivos asesinatos a traiciónde comandantes guerrilleros colombianos por fuera del combate, mediante el empleo de las cínicamente llamadas bombas inteligentes o el accionar de las fuerzas especiales. El informe revela los esfuerzos de la CIA y el Pentágono por obtener las repudiables y solitarias interpretaciones jurídicas mediante las cuales se perpetran todos estos crímenes, al tiempo que deja al descubierto la perversidad de las academias norteamericanas de leyes en que se cuecen todas esas novísimas teorías legales, que se encargan de legitimar el terror como método respetable de actuación política.
Es seguro que estudiosos más sesudos podrán extraer muchas más implicaciones del mencionado informe, pero además de lo dicho cabe preguntarse a estas alturas, cuando se aproxima en La Habana la discusión sobre el tema de los cultivos de uso ilícito, cuál es el verdadero papel que esta oligarquía vendepatria concede en realidad a la Mesa de Diálogos y el Proceso de Paz con las FARC-EP, o a una eventual Mesa con el ELN, cuando está expuesta ante la opinión nacional e internacional la suma de intereses que impulsan la profundización del conflicto armado en nuestro país. Cuántas dudas deja sembradasel informe comentado sobre la voluntad de paz del Estado colombiano y su amo imperial. Lo cual nos reafirma en la idea de que una verdadera paz en nuestro país sólo puede ser conseguida con la participación masiva y decidida de los millones de colombianos víctimas de este régimen, que acaban de sufrir una burla más con el ridículo aumento del salario mínimo legal, mientras crece geométricamente el presupuesto militar para aplastar su inconformidad.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, enero de 2014, año del 50 aniversario de nuestro alzamiento.
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