Desarrollo punto 4 de 10 - Solución al problema de las drogas ilícitas
- Escrito por Delegación de paz FARC-EP
De izquierda a derecha: Alexandra Nariño y Victoria Sandino integrantes de la Delegación de Paz FARC-EP
- Read in english - Boletín de prensa No. 7 
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 4 2014
Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo
4. Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y planes de desarrollo alternativo
En desarrollo los lineamientos generales de la “Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”, las FARC-EP presentan seis propuestas mínimas correspondientes a la “Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo”:
4.1. Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana
El “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana” presentado por las FARC-EP en la Mesa de diálogos define los propósitos y objetivos, las condiciones requeridas, los contenidos básicos, la financiación, el seguimiento y el control de la política con la que se debe comprometer el Estado colombiano para enfrentar la problemática socioeconómica y ambiental propia de los usos ilícitos de los cultivos, desde una perspectiva soberana, con miras a superar la pobreza y miseria y a generar condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, y que en la actualidad derivan su subsistencia precaria de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana. El eje del Programa lo constituyen los Planes de desarrollo alternativo.
4.2. Gradualidad, voluntariedad, concertación y participación directa de las comunidades productoras
El Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos se fundamentará en los principios de la gradualidad, la voluntariedad, la concertación y la participación directa de las comunidades productoras y de los núcleos familiares que las conforman. Ello supone el emprendimiento de procesos de negociación con las respectivas comunidades, con el fin de definir las modalidades y los tiempos de la sustitución, así como alternativas sostenibles desde el punto de vista económico y socioambiental. Las instancias de participación directa serán las Asambleas y los Consejos Comunitarios, a los que se les respetará su autonomía; se conformarán Consejos locales, municipales y territoriales, así como un Consejo Nacional del Programa. Sus funciones principales consisten en diseñar, ejecutar, asignar los recursos, así como hacer seguimiento y evaluar el Programa en la respectiva jurisdicción. Dada la naturaleza del Programa, se proscribirá toda forma de erradicación forzada.
4.3. Compensaciones e incentivos para las comunidades productoras y los trabajadores de los cultivos
Con miras a contribuir a generar condiciones para la superación de las causas socioeconómicas de los usos ilícitos de los cultivos, se pondrán en marcha una política de compensaciones e incentivos para las comunidades productoras y los trabajadores de los cultivos. Dicha política será concebida en consonancia con el carácter gradual del Programa y con los apoyos requeridos una vez éste se encuentre en plena ejecución. Su propósito principal consiste en proveer una renta básica mensual para los núcleos familiares de productores y los trabajadores de los cultivos, recolectores, amedieros y demás obreros agrícolas, que garantice una existencia digna y el disfrute de derechos fundamentales, mientras se adelantan los procesos de sustitución gradual y hasta que se garantice la sostenibilidad económica y socioambiental de los Planes de desarrollo alternativo. Las comunidades campesinas recibirán compensaciones económicas periódicas para sostenimiento y el fortalecimiento de la organización y las actividades comunitarias. Se conformará un Fondo especial de compensaciones e incentivos. Lo anterior, sin perjuicio de los compromisos del Estado en lo relacionado con dotaciones de infraestructura física, social, cultural y ambiental.
4.4. Planes de desarrollo alternativo
Previa la elaboración de diagnósticos socioeconómicos y ambientales, por las propias comunidades de productores y con el correspondiente acompañamiento técnico y de expertos, se formularán Planes de desarrollo alternativo. Los Planes constituyen la base del Programa Nacional de sustitución de usos ilícitos de los cultivos; tendrán un horizonte de cinco años; serán desagregados en presupuestos plurianuales de inversión, que permitirán hacer seguimiento a las metas y compromisos pactados con el Estado. Los “Planes de desarrollo alternativo” deberán contribuir a garantizar las condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental de los respectivos territorios y zonas; definir las actividades productivas y de generación de servicios que sustituirán los usos ilícitos de los cultivos; promover la producción de alimentos, incluidos procesamientos artesanales o industriales, según el caso, para cubrir en primera instancia la demanda de las propias comunidades, pero también nichos del mercado interno, o incluso para abastecimientos del mercado internacional, especialmente de los países vecinos; deben contemplar formas de articulación o encadenamientos hacia redes interterritoriales de economía popular. Las diferentes actividades económicas de los “Planes de desarrollo alternativo” deberán garantizar ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman. Los “Planes de desarrollo alternativo” contendrán además programas y proyectos para la dotación de infraestructura física, especialmente de comunicación y transporte; de infraestructura social, especialmente de vivienda, salud, educación, cultura y recreación. De igual manera, programas y proyectos para garantizar las sostenibilidad socioambiental, incluyendo lo necesario para la recuperación ambiental de los territorios y zonas cuando ello fuere necesario. Especial atención merecerá la protección de bienes comunes como el agua, la biodiversidad y las semillas nativas.
4.5. Financiación estatal de los planes de desarrollo alternativo
La financiación del Programa y de los Planes de desarrollo alternativo que lo conforman correrá en su totalidad por cuenta del Estado. Para tal efecto se conformará un Fondo Nacional. Las fuentes de financiación del Fondo serán las siguientes:
a) Asignaciones establecidas en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo b) Asignaciones específicas del presupuesto general de la Nación c) Recursos provenientes del Sistema General de Regalías. d) Recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa. e) Recursos provenientes de la suspensión inmediata de los programas de aspersión aérea con agentes químicos, especialmente con glifosato, y de la erradicación forzada. f) Aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales. g) Sin perjuicio de los aportes del presupuesto general de la Nación, en el nivel territorial y local, el Programa contará con fondos provenientes de los presupuestos departamentales y municipales, de los departamentos y municipios comprometidos en su implementación. Los aportes de las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman serán con trabajo, a ser remunerado por el Estado.El Fondo Nacional se desagregará en Fondos territoriales y locales, que asignarán los recursos para la respectiva jurisdicción. Los recursos asignados serán administrados en forma directa y autónoma por las Asambleas y los Consejos comunitarios.
4.6. Veeduría y seguimiento internacional
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y control del Programa, así como de los Planes de desarrollo alternativo, que le corresponden a las Asambleas y Consejos comunitarios, a los Consejos Locales, a los Consejos Territoriales y al Consejo Nacional del Programa, se conformará de manera concertada una “Veeduría internacional de seguimiento y control del Programa” en todos sus niveles. La veeduría estará conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Unasur, y de la comunidad académica. La Veeduría presentará informes semestrales de cumplimiento de metas y compromisos del Programa y podrá hacer recomendaciones para su mejor cumplimiento.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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