El desastre administrativo de Bogotá no ha sido objeto de un adecuado debate público que permita esclarecer sus orígenes patológicos más allá de las especulaciones mediáticas coyunturales, generalmente contaminadas de morbosidad, y de los efectos derivados de la justicia judicial que se inclina por procesar de manera aislada a los "indiciados" con una lógica formalista y restrictiva que excluye la responsabilidad ideológica.
En estos eventos, analistas y procesalistas no toman en cuenta las características distorsionadoras presentes en el modelo de desarrollo, cuya esencia se cifra en la exclusión económica y social vía la concentración de oportunidades y la maximización de las utilidades privadas, sin reparar en los medios para apropiárselas. Que es lo que un modelo alternativo y democrático, como el que supuestamente pondría en marcha el Polo, tendría que haber cambiado.
Paralelamente, el espectacular bombo sobre el 'carrusel' de la contratación ha tenido, qué duda cabe, la finalidad de ocultar los daños morales y sociopolíticos causados por el gobierno Uribe Vélez al país. A su sombra se viene promoviendo entre incautos la gestión tecnoburocrática Peñalosa-Castro-Mockus como modelo contrastante por seguir, cuando ningún especialista serio puede encontrar allí aciertos notables ni políticas sostenibles que hubieran "partido en dos" la historia de Bogotá, como sí ocurrió con la alcaldía de Virgilio Barco, con su gran salto entre la vieja ciudad y su transición hacia una concepción moderna del urbanismo.
La publicitada tripleta no redujo los índices de miseria, desempleo o delincuencia, y la movilidad quedó en un atasco sin solución; la institucionalidad distrital ha tenido que ser sometida a varias operaciones de rediseño; los vendedores retornaron a las aceras porque "la transformación" no tocó las raíces socioculturales de la informalidad y dejó casada una guerra entre inmobiliarias y ambientalistas en la ciudad que, después de ellos, siguió siendo "grande, sucia y atormentada".
Si bien es cierto que en términos judiciales las responsabilidades son individuales y, en el caso del sub júdice alcalde de la capital, cada día se evidencia con mayor claridad la descompuesta ejecución del presupuesto público, el juicio político viene radicándose en cabeza del Polo como colectividad, con desconocimiento de su estructura de matices, con lo cual se desvanece la culpabilidad de la Anapo, una famiempresa electoral de derecha. Da pena con personalidades como el maestro Carlos Gaviria, el senador Jorge Robledo y el concejal Jaime Caicedo, por cuyas calidades éticas la ciudadanía esperaba severos pronunciamientos autocríticos. Pero uno de los tantos pruritos de nuestra intelectualidad es negarse a pensar las 'realidades feas', según la afortunada referencia de Francisco Gutiérrez Sanín.
En esa acusación generalizada hay un fondo de razón, pues, en ejercicio de su "disonancia disciplinaria", los polistas distinguieron con su confianza política a radicales antagonistas en posiciones centrales de la administración para reorientar el gasto público: Rudolf Hommes, en la Junta Directiva del IDU, y Ricardo Ortega, en la Secretaría de Hacienda, ambos alfiles de la economía neoclásica, al tiempo que la mayoría de sus directivos hacía oídos sordos a las denuncias del ex senador Petro y del concejal de Roux sobre la presencia de mafias contratistas en la administración distrital.
Pero su inacción no se redujo a alzarse de hombros frente al escándalo, fue más allá: conformaron una mayoría burocrática para solucionar tensiones internas y blindar su gobernabilidad en crisis. Por ese camino eludieron la responsabilidad -planteada por el Instituto del Pensamiento Liberal en el acuerdo programático "liberales con Samuel" (08-31-07)-, de superar el déficit de ciudadanía y profundizar un sistema participativo para llevar a la práctica los ideales fundamentales de la democracia local y estimular la emergencia de un pensamiento crítico que contribuyera a reducir el umbral de tolerancia con la inmoralidad administrativa.
Sin embargo, no contaron las propuestas de los intelectuales de la izquierda liberal, y la promesa ética a la ciudadanía fue trucada por la colonización de nóminas y el desgreño presupuestal. Sus principales actores malgastaron la legitimidad política alcanzada, no se diferenciaron del modus operandi de la política tradicional ni desarrollaron estrategias democráticas transformadoras. Tarde llegó a la administración el profesor Ricardo Sánchez Ángel, una notable figura intelectual de la izquierda, con talla ministerial.
Con los recursos científicos y técnicos de sus académicos e investigadores, el Polo hubiera podido desarrollar un modelo de productos culturales, de oportunidades de participación, de fluidez social inspirado en Pôrto Alegre (Brasil); de democracia en profundidad, como en Keralia (India), o de prevención en criminalidad, como en Chicago (EE. UU.), que le hubiera servido para crecer políticamente y reproducirse en todo el país. Se hubiera convertido en deseada alternativa de poder nacional. Pero aquí lo ideal y lo real se mostraron en completa contradicción.
Por ello se ve venir un enorme voto-castigo que afectará al instruido Aurelio, a quien el silencio estratégico de su sector -el Moir- en la crisis ética, le dejó un dramático 'handicap' que está impactando negativamente su candidatura.
Sin duda, el voto-premio masivo acompañará al progresista candidato Gustavo Petro, quien se atrevió a marcar la diferencia y a salirse previsiva y estruendosamente del foco de corrupción. Lo demuestran las enormes manifestaciones populares que viene presidiendo y su reiterado primer lugar en las encuestas.
* Analista político e investigador social
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Germán R
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